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“Debilitar al Ejército: un error estratégico” por Jesús Ortega M.

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Ernesto Zedillo, siendo Presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, adoptó una medida política errónea que, reproducida por sus sucesores, se ha convertido en un grave problema para la seguridad nacional. Lo que hizo, objetivamente, fue un hecho inconstitucional: sacar al Ejército de los cuarteles y convertir a los soldados en policías. En enero de 1999 Zedillo crea la Policía Federal, pero la gran mayoría de sus integrantes ¡son militares a quienes les cambia el color del uniforme y de facto los convierte en policías!

Lo sustantivo de esta decisión de Zedillo estriba en que para regularizar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública expide el decreto que crea la Policía Federal. En otros términos: el entonces Presidente se vale de una argucia legal para violentar la Constitución.

A partir de entonces, el Ejército patrulla las calles, suple en sus funciones a las diversas policías —desde las municipales hasta las federales— y no lo hace bien, pues no fue preparado para cumplir con tales funciones. Se conoce, por ejemplo, de su actuación violentando derechos humanos y garantías constitucionales. Junto a lo anterior, al Ejército lo ha alcanzado un mayor descrédito, pues lo ha penetrado la corrupción en todos sus niveles, incluyendo a algunos de sus mandos de mayor grado. Véase, si no, el caso del general Rebollo y, para colmo, se está viendo al conjunto de las Fuerzas Armadas como un cuerpo que evidencia debilidad frente a la delincuencia organizada, la misma que hace gala, impunemente de su cada vez mayor capacidad de fuego. La destrucción de un helicóptero del Ejército con misiles tierra-aire da cuenta de ello.

Pero la responsabilidad principal de todo ello no está localizada ni en el Ejército ni en la Armada, en sentido contrario, el que esto suceda es responsabilidad, básicamente, de los gobiernos —priistas y panistas— que tomaron la decisión de convertir a las Fuerzas Armadas en policías.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha planteado con claridad “que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución; entiendo —dice Cossío— que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si no existe una declaración de guerra, un decreto de disposición de Fuerzas Armadas o un decreto de suspensión de garantías, las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo funciones que no les corresponden”.

Zedillo cometió un grave error, pero Fox, Calderón y Peña Nieto lo convirtieron en uno de carácter estratégico. Es así, desde el punto de vista constitucional, pero también lo es desde el punto de vista militar. Las Fuerzas Armadas son el principal recurso para garantizar la seguridad nacional cuando ésta se encuentra en riesgo por una fuerza militar extranjera o por diversas acciones que, como dice el artículo 29 constitucional, lleven a cabo “grave perturbación de la paz pública o pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Este recurso principal para la seguridad nacional lo está debilitando cuando es utilizado irresponsablemente y, para colmo, al margen de lo que dicta la Constitución.

El Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero eso no le da facultad alguna para que las utilice poniendo en riesgo su fortaleza e integridad.

Por ello, es tan urgente cambiar la estrategia de seguridad pública y eso implica “desmilitarizarla”, implica reconstruir desde el fondo los aparatos policiacos, pero sobre todo, debe contemplar una nueva concepción para la reconstrucción del tejido social, la cual se sostenga fundamentalmente, en la educación y el desarrollo cultural, el crecimiento económico, la creación de empleos dignos —especialmente para los jóvenes—, en fin, de una estrategia que combata, principalmente las causas que alientan la existencia de los agentes externos e internos que atentan contra la seguridad pública y la seguridad nacional.

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