“El móvil” por Jesús Ortega M.

29, septiembre, 2015 / Artículos / Nueva Izquierda

En sus dos informes públicos sobre los acontecimientos de Iguala-Cocula, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estableció una hipótesis que, a la luz de nuevas informaciones, tenía evidentemente el propósito de exculpar de responsabilidades a las autoridades federales en los hechos criminales sucedidos en esos municipios del estado de Guerrero.

La hipótesis central de Murillo Karam fue que la presencia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, tenía el propósito de obstaculizar o impedir el acto en donde la esposa de José Luis Abarca rendiría su informe de actividades como presidenta del DIF municipal. Ese supuesto propósito desencadenó, según la Procuraduría General de la República (PGR), la salvaje agresión en contra de los jóvenes.

Ese punto central de la “verdad histórica” del gobierno federal se ha desmoronado con nuevas evidencias que fueron encontradas en el informe elaborado por Pablo Gómez Álvarez y que es resultado de la investigación ordenada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por otras evidencias aún más contundentes que contiene el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De este segundo informe se desprende textualmente lo siguiente: “las informaciones presentadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago. Es decir, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. [….] A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”.

La PGR ha sido omisa de la existencia de un “quinto autobús” de la compañía Estrella Roja, a pesar de existir múltiples testimonios de que dicho autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Más aún, hay pruebas de que al hacer evidente por el GIEI la existencia de ese quinto autobús de la empresa Estrella Roja, la PGR presentó otro cuyas características no concuerdan con aquellas derivadas de los testimonios de estudiantes agredidos y de otros testigos. Es decir, la PGR oculta en sus informes la presencia de un quinto autobús en los hechos y cuando el GIEI evidencia su existencia, la PGR presenta ¡uno diferente!

Es suficientemente conocido que en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán, como en gran parte del territorio nacional, existe producción, comercialización y trasiego de estupefacientes, y que su combate —como es sabido— corresponde a las autoridades federales, las que durante muchos años han sido omisas a ese hecho o han sido incapaces de terminar con este gran negocio de miles de millones de dólares y del cual pudieran estar participando como cómplices o socios de diversos personajes involucrados, desde empresas “privadas” o desde la política estatal y, sobre todo, nacional.

Esta responsabilidad federal del combate al tráfico de drogas ilegales es lo que la PGR ha querido ocultar desde el inicio de sus investigaciones, para tratar de presentarlas, en sentido diferente, como un hecho derivado de un “bloqueo a un acto de carácter político”.

Por ello, la “verdad histórica” presentada por la PGR y por el gobierno federal es falsa, es una mentira, claramente evidenciada por el informe del GIEI.

En razón de lo anterior es que se deben admitir por el gobierno de Peña Nieto y por la PGR, de manera incondicional, las recomendaciones del GIEI, para que a partir de una nueva investigación asistida y vigilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pueda llegar a la Verdad Jurídica y, con ello, hacer posible la justicia y el castigo a quienes resulten responsables —quienes sean— de los actos criminales en Iguala y Cocula.

La “verdad histórica” fue, ahora se sabe con suficientes datos e información, un grotesco invento del gobierno federal para tratar de ocultar las posibles complicidades de agentes del Estado en el negocio del tráfico de drogas, y de su tremenda incapacidad, la del Estado y el gobierno, para terminar con este flagelo que día tras día cobra más víctimas, la mayoría de ellas inocentes.

 

This entry was posted in Artículos and tagged . Bookmark the permalink.