“EPN discurso sobre perspectiva en ONU y la realidad en México” por Guadalupe Almaguer Pardo

29, septiembre, 2015 / Artículos / Nueva Izquierda

Este domingo 27 de septiembre de 2015, los jefes de Estado y Gobierno en la sede de la ONU aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo para los próximos 15 años.  El Objetivo 5 se concentra en “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, lo cual incluye poner un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas en México y se supone e infiere que, cuando un país miembro firma y acuerda “objetivos”, todos los niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) están obligados a cumplirlos, así como todas las instituciones y poderes del Estado mexicano; cada uno en el ámbito de su competencia.

“No es admisible que sigamos hablando de los temas de mortalidad materna; la igualdad y la justicia de género deben ser temas de primer nivel”  fueron las palabras de Enrique Peña Nieto. La firma de los acuerdos sobre los “Objetivos” y las palabras emitidas por el presidente Mexicano, son suficientes para hacer evidente cómo el discurso oficial se deslava ante la evidente realidad, tanto de los presupuestos, como de la vida y la muerte de las mujeres y las niñas en nuestro país.

 Al presidente Peña Nieto le puede parecer “inadmisible que sigamos hablando de muerte materna” solamente que en el presupuesto 2015 los recursos en Salud tuvieron un ínfimo aumento (0.50%) en comparación a 2014, en un  contexto de enormes rezagos en la disponibilidad de atención en salud. Para 2016 la administración  federal propone en el “Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016” (PEF)  una reducción de  un -6.73%. En el Seguro Popular (Mecanismo Operativo del Sistema de Protección Social en Salud) el mismo PEF viene con una disminución de un -2.17% para 2016, en comparación con lo presupuestado para 2015. En este mismo Programa de Seguro Popular la meta de afiliación para 2016 se presenta en “blanco” específicamente en el indicador de la afiliación en el primer Quintil de ingreso, es decir, el gobierno de EPN abandona el compromiso de otorgar salud a los más pobres de los pobres, pero además, todo lo anterior respecto al tema “Salud”, incumple la Ley General de Salud en su artículo 77 bis que establece que todas y todos los mexicanos tienen el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.

En México se cuenta con una basta y suficiente legislación que protege a las mujeres y las niñas de las violencias y la discriminación, así como la “garantía” de la igualdad entre los géneros y otros instrumentos legales nacionales e internacionales; sin embargo, según las cifras y el contenido en “Trata de Personas”, según el Informe de ONU “Contra la Droga y el Delito” (UNDOC), el cual fue difundido en el marco del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, presenta un listado de 152 países de origen y 124 países de destino que son afectados por la trata de personas. México sigue colocado en el “Nivel 2”  o sea “como un país que no hace lo suficiente para enfrentar la trata de mujeres con fines de explotación sexual”. México no previene, no investiga lo que debe, hay carencia de servicios especializados y falta de confianza en las autoridades de parte de las víctimas de trata.

Seis de cada diez mujeres son víctimas de algún tipo  de violencia, 7.8 mujeres son asesinadas en violencia feminicida. Existen otras decenas de cifras de la desigualdad entre los géneros y de violencias; como el de que un 24.6% de los hogares en México son jefaturados por mujeres y que no hay en México una política pública que aminore  la responsabilidad  unipersonal que llevan en los cuidados y el costo de la manutención alimentaria y escolar de sus menores, como el hecho de que, desde los 14 años las mujeres forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en un 41.8% y que reciben un 25% menos de salario a trabajo igual que los trabajadores hombres. Que las niñas se embarazan en México desde los 11 años. 

Conclusiones

De tal manera que, los conceptos en los discursos  desde nuestros gobernantes se desdibujan y se deslavan, por razón de lo abismal que resultan al enfrentarlos a la realidad que viven las mujeres y las niñas en México; aunado a ello las condiciones de pobreza de las urbanas, las rurales y las mujeres y la niñez indígena; la falta de oportunidades en el acceso a los “derechos” y las “garantías” citadas en los instrumentos legales. En los tipos del delito y en los “protocolos” emitidos desde un “acuerdo” por lo procuradores de los estado y la PRG.

El problema de los “Obstáculos” no está solamente en las resistencias culturales de la aceptación o no de concebirnos como “iguales”, sino en las inercias, la corrupción y la impunidad de los gobiernos en todos sus niveles, en cuyas instituciones de procuración de justicia, no hay papel ni tinta para imprimir. Donde los ministerios públicos están sentados en el “pánico” no solamente escénico al que se enfrentarán en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sino por el total desconocimiento de las leyes locales, nacionales e internacionales con las que  deberán convencer al “Juzgador” oralmente y al  integrar una “carpeta” o “averiguación previa” esas son las calamidades sobre el Acceso de las mujeres y las niñas a la justicia y a la erradicación de la impunidad a las que nos seguiremos enfrentando en el nuevo sistema penal acusatorio.

Así que, cómo dejamos de hablar de “muerte materna” (aborto clandestino, violencia obstétrica, desatención a las mujeres madres y desabasto en infraestructura y medicamento) si los presupuestos “proyectados” para 2016 han sido peligrosamente recortados en materia de salud, cómo dejamos de hablar de violencia sistémica si México no  atiende, previene e investiga la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, cómo dejamos de hablar de violencia feminicida si ahora el “estilo” de la Alerta de Género (AVG) es que los gobernadores se autoimpongan su propia alerta y ellos, en la más absurda impunidad, decidan cuáles y cuántos municipios tendrán las medidas de la AVG.

Lo dicho por el presidente Peña Nieto en la ONU sobre que “México ha incluido la perspectiva de género como eje transversal del PND (Plan Nacional de Desarrollo) y el impulso del artículo 41 de la Constitución General de la Republica, donde obliga a la paridad a los partidos políticos es sin duda un avance importante”,tanto que hoy existe en el Congreso de la Unión un 42% de mujeres legisladoras; bien, sólo que ello no debe ser valorado como la llave que solucionará la situación de precariedad de las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas mexicanas requerimos algo más que un glosario de conceptos en los discursos oficiales.

Exigimos que los ejes centrales del PND se hagan una realidad en disminuir y estrechar las brechas de la enorme desigualdad en los hogares, educación, salud sexual y reproductiva, alimentación, trabajo remunerado, trabajo doméstico NO remunerado, igualdad en ingresos, seguridad social y por supuesto, que la agenda para el desarrollo sustentable y sostenible tenga perspectiva de género.    

Fuentes: “Pobreza y género en México. CONEVAL./SEM.MÉXICO. “Trata de Personas: El Informe”/Ley General de Salud. México. 

 

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