“Juez en propia causa” por Jesús Ortega

25, agosto, 2015 / Artículos / Nueva Izquierda

Desde hace milenios existe un principio general del derecho conocido como: Nemo esse iudex in sua causa potest —Nadie puede ser juez en propia causa—.Este principio de derecho es sencillo de comprender, pero aun siendo así, imaginemos que un juez en materia penal es acusado de un delito por el que es sometido a un proceso judicial. Imagine que este juez designa a uno de sus empleados como el que lo va a juzgar. ¿Sería muy difícil saber de antemano que la sentencia sería exculpatoria? ¡Por supuesto que no!

Esto mismo es lo que sucede en los escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno federal. El hecho de que el secretario de la Función Pública sea un subordinado del Presidente de la República, nombrado y removido sin ninguna limitante por este último, le resta al mencionado secretario cualquier atisbo de credibilidad y certeza en sus investigaciones y conclusiones.

Por lo anterior, no es de sorprender la justa y airada indignación de amplios sectores de la población tras la absolución por parte de Virgilio Andrade —secretario de la Función Pública—, quien no encontró ningún conflicto de interés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera ni del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la compra de tres polémicos inmuebles al Grupo Higa, empresa privada que tiene 22 contratos con el gobierno federal. El mencionado dictamen de absolución es contrario a cualquier contenido democrático y republicano.

Para Norberto Bobbio, la democracia se puede definir de diversas formas, pero la definición siempre debe incorporar la visibilidad o transparencia del poder. Esto es así debido a que existe un poder al que el mismo Bobbio llama “invisible”, y que se incrusta en el poder visible o legal, y el cual tiene, como una de sus manifestaciones, “al subgobierno”.

El subgobierno aparece cuando el Estado asume funciones en la economía y desde éstas, la clase política ejerce el poder, ya no sólo a través de las formas tradicionales de la ley, del decreto legislativo, de las distintas clases de actos administrativos, sino también a través de la gestión de centros de poder económico —adjudicaciones, coinversiones, administración de empresas paraestatales, por ejemplo.

Este “gobierno invisible” impacta negativamente en los temas de fiscalización y rendición de cuentas, puesto que los integrantes del gobierno invisible impiden, en alguna forma, legal o extralegal, que los asuntos polémicos del ejercicio de los recursos públicos sean conocidos por la mayoría de los ciudadanos.

El costo de este subgobierno y sus redes de corrupción es enorme para las y los mexicanos. No sólo lo es en materias evidentes como la seguridad pública, sino que, a nivel económico, la corrupción impacta directamente en la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas, ahoga a emprendedores y les suma un costo asfixiante a los costos de producción y a los precios de los servicios.

Para evitar que se repitan casos como los llamados: Casa Blanca y la casa de Malinalco —y si se repiten, que no queden en la impunidad— es indispensable fortalecer los mecanismos autónomos del Estado para el control, fiscalización y rendición de cuentas del gobierno. Deben, los entes fiscalizadores, ser autónomos e independientes para que en el sistema de equilibrios y controles se combata de manera eficaz la corrupción en el gobierno federal o en otras instituciones del Estado nacional.

No es correcto que investigaciones sobre conflictos de interés entre funcionarios y particulares sean realizadas por quien, a su vez, incurre en un conflicto de interés (SFP) por investigar y, en su caso, sancionar a su jefe, es decir, al Presidente de la República.

Los asuntos de posibles actos de corrupción o de conflicto de interés debieran ser investigados de manera independiente para que, relaciones del poder público con intereses privados que falten a la ética y a la ley, estén sujetas a mecanismos que las detecten y las castiguen.

Mientras no superemos la grave crisis que vive el Estado mexicano por la corrupción, nuestros anhelos de un país seguro y desarrollado se verán truncados por el “gobierno invisible”

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