Un presidente que no actúa

30, junio, 2015 / Artículos / Nueva Izquierda

No hay precedente en la historia contemporánea del país de un proceso de reformas constitucionales y legislativas de carácter estratégico tan amplio, como el derivado de los acuerdos del Pacto por México.

A diferencia de las reformas salinistas que, esencialmente, terminaron con los residuos del desarrollo estabilizador para sustituirlo por el esquema neoconservador de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, las reformas del Pacto modificaron, en parte importante, el contenido del modelo económico para adoptar fórmulas más cercanas al keynesianismo que al neoliberalismo. Pero, además, se abordaron temas mucho más amplios, tales como la educación, la seguridad pública, los derechos humanos, el sistema de partidos, los procesos electivos, el modelo fiscal, los monopolios, el combate a la corrupción, el sistema de seguridad social, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera.

El conjunto de las reformas derivadas del Pacto y especialmente algunas de las más importantes, ha propiciado grandes debates entre sectores de la ciudadanía con posiciones que cubren un espectro tan amplio que va desde quienes las aprueban, quienes las aceptan parcialmente, otros que critican y rechazan algunas, hasta quienes las condenan en su totalidad y las consideran causantes de todos los males que ahora padece el país. En este debate que, seguramente continuará, debiera analizarse a profundidad cada una de las reformas para que, de esa manera, pudiera lograrse una mayor objetividad sobre sus alcances.

Pero no se podrá resolver este debate si las reformas del Pacto no son puestas en práctica.

En este punto es en donde se encuentra la principal falla de Peña Nieto y de su equipo en el gobierno.

Cuando el Presidente viaja al extranjero y entrevista a otros jefes de Estado, presume, resalta, subraya la acción ¡del Poder Legislativo!, el cual, obviamente, él no representa. Eso sucede porque no puede señalar —a tres años de su gobierno— acciones relevantes, obras públicas trascendentes y con resultados concretos, de la acción política del poder que él sí representa, es decir, del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo: la reforma legislativa en materia de educación recuperó para el Estado, y de manera particular para el Ejecutivo federal, la obligación de impartir la educación pública, haciendo prevalecer el interés superior: esto es, llevar a cabo una educación de calidad y en condiciones de dignidad para las y los educandos en todo el país. En lugar de ello, Peña Nieto y Chuayffet pierden el tiempo y los recursos económicos en una inútil discusión con los gobernadores acerca de la distribución de responsabilidades. Y es que no hay duda, con la reforma, la responsabilidad de impartir la educación pública recae en el Ejecutivo federal.

Otro ejemplo de esta inacción del Ejecutivo es el de la reactivación de la economía, que incluía una agresiva política de inversión pública, especialmente en desarrollo de infraestructura, lo que podría ser un elemento impulsor al crecimiento. En el Pacto se estableció todo un programa de desarrollo en comunicación ferroviaria y en realidad este plan ha devenido —por corrupción— en un fracaso; lo mismo sucede con el programa de desarrollo económico de la región sur-sureste. No hay nada —ni siquiera planes— y, una vez más, el impulso económico a la zona más atrasada del país se queda en los archivos de la Secretaría de Hacienda.

¿Y qué pasa con la reforma antimonopólica? En realidad algunas medidas en telecomunicaciones resultan importantes, pero no sucede lo mismo con el monopolio de la comercialización de los productos agrícolas, especialmente los alimentos, con la indebida concentración en el sistema bancario, con el de la industria del espectáculo, etcétera, etcétera. Se llevó a cabo, por el Poder Legislativo, una buena reforma contra los monopolios, pero de nada servirá si el Ejecutivo no la lleva a la práctica plenamente.

Éste es el gran problema ahora en el país: la existencia de un Poder Ejecutivo que no pone en práctica las acciones a las que le obligan las leyes; que no realiza las acciones para las que la Constitución le faculta.

Peña Nieto lleva tres años presumiendo lo que el Congreso legisló, pero poco puede decir de lo que el Ejecutivo federal realizó.

 

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